Un modelo político trasversal y procedimental para construir un país próspero, seguro, reindustrializado y libre de Deuda Pública mediante Asambleas Ciudadanas por sorteo.
Superávit obligatorio anual para liquidar la deuda pública e independizar financieramente a España del exterior.
Cargos públicos obligados por estatuto a votar exactamente lo dictaminado por ciudadanos informados e imparciales.
Reindustrialización, bonos familiares protegidos y preferencia normativa al producto nacional y local.
Sustituimos la disciplina de partido por la deliberación rigurosa de ciudadanos asesorados por expertos independientes.
Formación de Asambleas Ciudadanas (ACD) seleccionadas por sorteo estratificado estadístico, reflejando fielmente la diversidad de la sociedad.
Los ciudadanos sorteados reciben formación e informes técnicos imparciales de expertos de todas las posturas antes de debatir.
Deliberación racional y calmada entre los miembros de la asamblea para buscar consensos pragmáticos que beneficien al interés general.
La resolución aprobada es de obligado cumplimiento para todos los diputados y cargos electos de la UDD. Expulsión en caso de incumplimiento.
Reformas clave impulsadas para maximizar el PIB, dignificar los servicios esenciales y garantizar el bienestar nacional.
Reducción rígida del gasto no esencial y auditorías continuas. Establecimiento por ley de una regla de gasto que obligue a destinar el 100% del superávit presupuestario anual a amortizar la deuda pública hasta dejarla a cero.
Emisión de títulos de deuda dirigidos únicamente a familias y residentes españoles. La liquidez obtenida se usará para cancelar anticipadamente la deuda en manos de entidades y fondos extranjeros, manteniendo el pago de intereses dentro de las familias españolas.
Una vez saneada o reducida la deuda, los remanentes del Estado se reinvertirán de forma equilibrada en empresas españolas estratégicas para capitalizarlas, elevar el PIB y aumentar la rentabilidad de la economía nacional.
En la Unión Democrática Deliberativa está estrictamente prohibida la aceptación de donaciones o fondos procedentes de empresas, corporaciones privadas, lobbies o entidades extranjeras.
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